Habrá recurso. La Junta de Castilla y León confirmó que acudirá a la vía legal para impedir el reparto de menores extranjeros no acompañados propuesto por el Gobierno central.
La vicepresidenta y consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguró que el sistema de protección autonómico “está al límite” y rechazó esta imposición, a su juicio, unilateral del Ejecutivo de Pedro Sánchez. “No son cromos, son personas”, subrayó la propia Blanco.
Ruptura de la igualdad entre territorios
Esta polémica surge tras conocerse el nuevo reparto - propuesto por el gobierno central- de menores procedentes de Canarias entre las comunidades autónomas. A Castilla y León le correspondería acoger a 197 menores, mientras que Cataluña recibiría 31 y el País Vasco ninguno.
La responsable del departamento de Igualdad afirmó que esta distribución “rompe la igualdad y la solidaridad entre comunidades” y acusó al Gobierno de actuar “cuando le interesa mediáticamente”, sin diálogo ni consenso con los territorios afectados.
Desde la Junta se insiste en que Castilla y León históricamente es una “tierra de acogida”, pero advierten de que, en este momento, no se dispone de plazas específicas suficientes. De hecho, según Blanco, algunos menores ya están siendo atendidos en recursos ordinarios. “Vamos a recurrir cualquier acto relacionado con el real decreto-ley 2/2025, tanto el reglamento que se aprobará mañana como los traslados que puedan derivarse”, anunció ante los medios de comunicación.
La consejera cargó además contra los “recortes sociales” que, según afirma, el Gobierno central está aplicando a los programas de atención a los más vulnerables. Cita como ejemplo la reducción de financiación en el Plan Corresponsables, con una caída del 25%, y en el sistema de atención a la dependencia, con casi seis millones de euros menos para Castilla y León.