CEOE Castilla y León respalda la decisión de la patronal nacional de impugnar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, al considerar que las reivindicaciones laborales se han incorporado para dar cobertura legal a una movilización vinculada a la crisis de la vivienda. Su presidente autonómico, Santiago Aparicio, cuestiona en declaraciones a esRadio que las empresas tengan responsabilidad directa en las dificultades de acceso a un hogar y advierte del componente político de la convocatoria, que tendrá lugar a menos de tres semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Aparicio también pidió que se respeten los derechos de quienes quieran acudir a sus puestos de trabajo, mientras que los sindicatos defienden que existen motivos laborales suficientes para convocar el paro de 24 horas.
Los sindicatos vinculan vivienda y salarios
UGT y CCOO en Castilla y León defendieron la legalidad de la huelga, registrada este 20 de octubre, y sostienen que el encarecimiento de la vivienda está directamente relacionado con los salarios y el empobrecimiento de los trabajadores.
El secretario general de UGT en la Comunidad, Óscar Lobo, aseguró que la organización lleva un año denunciando una situación que genera una riqueza desproporcionada y criticó que la patronal cuestione la movilización.
Por su parte, la secretaria autonómica de CCOO, Ana Fernández de los Muros, señaló que las retribuciones regionales se sitúan 11 puntos por debajo de la media nacional y advirtió de que cada vez más personas tienen dificultades para llegar a fin de mes pese a contar con un empleo.
Ambas organizaciones reclaman una subida generalizada de los salarios, una negociación colectiva que permita mejorar el poder adquisitivo y un parque público de vivienda que facilite el acceso, especialmente a los jóvenes. También cuestionan la especulación inmobiliaria y piden un reparto más equilibrado de los beneficios empresariales.
Prevención laboral y servicios públicos
La convocatoria incluye, además, reivindicaciones relacionadas con la calidad de los servicios públicos y la prevención de riesgos laborales. Fernández de los Muros recordó que hasta agosto se contabilizaron 26 fallecidos por accidente laboral en Castilla y León, de los que 11 fueron no traumáticos y cuatro se produjeron in itinere.
Los sindicatos llaman a participar en la huelga a trabajadores, jóvenes y pensionistas, y dirigen sus reivindicaciones tanto a las administraciones públicas, por sus competencias en vivienda y servicios públicos, como a las empresas, por los salarios, la negociación colectiva y la seguridad en el trabajo.