Castilla y León se ha convertido en una tierra de acogida. Según un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León y recientemente presentado, los extranjeros son ya el 11,6% de la población total. En la última década han pasado de ser apenas 80.000 a 250.000, y ganando cada vez más peso en el mercado laboral y en la economía regional.
El informe subraya que la inmigración no solo está frenando la pérdida demográfica, sino que se ha convertido en un factor clave para sostener el tejido productivo en una comunidad marcada por el envejecimiento y la despoblación.
Su papel en la economía
Los agentes sociales coinciden en que la población migrante desempeña un papel “esencial” en el funcionamiento económico de la comunidad. El presidente del CES, Enrique Cabero, ha reclamado “renovar la percepción, perspectiva y valoración de la inmigración”, destacando su aportación positiva al desarrollo regional.
Desde la patronal, el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, ha defendido que los trabajadores extranjeros son ya imprescindibles en sectores como el transporte, la hostelería, la construcción o la industria. Además, señala que uno de cada cuatro nacimientos en la comunidad está vinculado a madres de origen extranjero. Reclama, por tanto, medidas que faciliten su integración social y laboral.
Los sindicatos de UGT y CCOO también destacan que la inmigración ha sido clave para sostener servicios y empleo en una región con grave déficit demográfico.
Medidas a adoptar
El estudio reclama una actualización de las políticas migratorias adaptadas a la nueva realidad social y económica. Entre las principales medidas, patronal y sindicatos coinciden en la necesidad de reducir la burocracia, agilizar los trámites administrativos y mejorar la homologación de títulos académicos.
Actualmente, según el informe, solo una parte reducida de los migrantes - un 20% - consigue validar su formación, lo que provoca la pérdida de gran parte del talento disponible.
La regularización de migrantes
Durante la presentación del documanto, se ha debatido sobre el proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. Mientras los sindicatos lo valoran como una oportunidad para mejorar la integración laboral, la patronal pide que estos procesos se ajusten a las necesidades reales de los sectores productivos y se hagan con mayor coordinación.
Prioridad nacional
En un contexto político marcado por el futuro gobierno autonómico, también se ha hablado del concepto de prioridad nacional. Los agentes sociales coinciden en que cualquier medida debe garantizar igualdad de derechos y evitar interpretaciones restrictivas que puedan afectar a la integración.
Cabero ha insistido en que Castilla y León cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos de las personas inmigrantes, pero ha reclamado que se desarrolle plenamente para responder a la nueva realidad demográfica.