La violencia económico-patrimonial comprende “aquellos actos que no son violentos, pero sí que te van limitando tu capacidad de decisión, tu capacidad, tu independencia y al final lo que te llevan es a una dependencia económica”. Así lo explica la abogada Carmen Pérez Pozo, abogada y especialista en Derecho Patrimonial, quien ha señalado que suele pasar desapercibida porque “en España no se habla de dinero, eso es vulgar” y porque es “tan sutil” que muchas mujeres no la identifican como agresión.
También menciona factores educativos como la discalculia, “la dificultad en la comprensión de los números y la dificultad en los cálculos mentales”, que si no se refuerza en la infancia genera “debilidad frente al día a día”.
Desde la práctica jurídica, señala conductas muy extendidas: “el control sobre lo que gasta”, dar dinero “a cuentagotas”, impedir trabajar, excluir de decisiones económicas o presionar para reducciones de jornada por cuidados, algo que “va muy relacionado con la brecha salarial”. Otra forma grave es “el dejar de pagar la pensión alimenticia” tras un divorcio.
El impacto en la autonomía personal es profundo: “la autoestima te la deja por los suelos”. La dependencia económica puede hacer que una mujer conviva con quien “te está haciendo la vida imposible”, con miedo a equivocarse y con un círculo social que “se te va cerrando”.
Sobre el enfoque europeo, Pérez Pozo coincide en que la autonomía económica es esencial y recuerda que España cuenta con herramientas jurídicas: la falta de pago de pensiones “puede ser denunciado ante el juzgado penal”.
Entre las señales de alarma, menciona situaciones en las que una mujer debe pedir permiso para gastar su propio dinero y subraya que “en el momento que tú no tienes libertad absoluta para decidir qué haces con tu dinero y con tu tiempo te están limitando la libertad”.