El proyecto de ley antitabaco impulsado por el Gobierno ha despertado el rechazo del sector hostelero de Castilla y León, que considera que algunas de las medidas previstas, especialmente la prohibición de fumar en las terrazas, pueden tener un importante impacto sobre la actividad económica y el turismo.
La patronal de este gremio sostiene que la norma supondrá un nuevo obstáculo para bares y restaurantes, al tiempo que cuestiona tanto su aplicación práctica como la falta de diálogo con el sector durante su elaboración.
Impacto en el turismo
El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, aseguró que la prohibición de fumar en las terrazas situaría a España en una posición de desventaja respecto a otros destinos turísticos europeos.
A su juicio, el país perdería competitividad al convertirse, según explicó, en el único de Europa que impediría fumar en estos espacios, lo que podría afectar a la elección de destino por parte de algunos visitantes.
A esta preocupación se suma la dificultad para hacer cumplir la normativa. Fernández recordó que los hosteleros no pueden asumir funciones de vigilancia sobre los clientes y advirtió de que trasladarles esa responsabilidad podría generar conflictos en los establecimientos.
Otra de las principales críticas del sector se dirige al proceso de elaboración de la ley. Lamentan que el Gobierno no haya contado con los representantes de la hostelería antes de aprobar el proyecto y reclamó una mayor interlocución para analizar las consecuencias económicas y organizativas que puede tener la futura normativa.
La ley amplía los espacios sin humo
El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Entre sus principales novedades figura la ampliación de los espacios libres de humo a las terrazas de bares y restaurantes, playas marítimas y fluviales, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales.
La reforma también prohíbe por primera vez el consumo de productos del tabaco por parte de menores de edad, equipara la regulación de los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos al tabaco convencional y limita la venta de estos productos a establecimientos especializados, donde tampoco podrá exhibirse publicidad visible desde el exterior.
El Gobierno defiende que la norma busca reforzar la protección de la salud pública, especialmente entre los jóvenes, aunque su entrada en vigor dependerá de la aprobación definitiva del Parlamento.