Hoy multitud de jueces y fiscales de Castilla y León no han ido a trabajar. Se han sumado a una huelga con una duración prevista de tres jornadas. Esta protesta, que afecta al funcionamiento habitual de juzgados y tribunales, surge como muestra de rechazo a la conocida como ‘ley Bolaños’, impulsada desde el Ministerio de Justicia.
Las tres asociaciones convocantes alertan de que los cambios legislativos previstos podrían poner en riesgo la independencia judicial. Entre las reformas más criticadas está la del acceso a la carrera judicial, que, según denuncian, perdería criterios objetivos y podría quedar expuesta a decisiones políticas.
También preocupa el mayor poder que adquiriría el Fiscal General del Estado, una figura designada directamente por el Gobierno. Desde la Asociación Francisco de Vitoria, su portavoz regional, Óscar Rojas, insiste en que estas medidas podrían comprometer la objetividad y la imagen de la Justicia, además de erosionar la separación de poderes.
¿Una huelga politizada?
Ante las acusaciones de que la huelga tiene un trasfondo político, los convocantes lo niegan. Aseguran que defenderían la independencia judicial ante cualquier gobierno, sea del color que sea.
Mientras tanto, aunque hay servicios mínimos, se prevén retrasos en numerosos procesos judiciales durante estos días, sobre todo teniendo en cuenta el amplio seguimiento que ha tenido la primera jornada de paro. Los magistrados sí han valorado las vistas y actuaciones más prioritarias.