El reloj corre para la seguridad forestal en la Comunidad. El dispositivo INFOCAL iniciará su época de riesgo máximo el próximo 12 de junio, una fecha crítica en el calendario que el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Quiñones, ha marcado como el inicio de los cuatro meses de despliegue total. Aunque formalmente el operativo autonómico está activo del 1 de enero al 31 de diciembre por imperativo legal, la realidad es que las alarmas sectoriales se encienden al comprobar cómo se encuentra la estructura humana que debe proteger el patrimonio natural a menos de un mes de este despliegue.
El vacío de los agentes forestales
La asociación profesional Apamcyl ha denunciado que uno de cada cuatro puestos de agente medioambiental en la Comunidad se encuentra actualmente sin cubrir, arrastrando una cifra de 237 vacantes sobre una plantilla teórica que apenas llega a 965 plazas. El presidente de la organización, Esaú Escolar, advierte de que el problema ya es estructural debido al galopante envejecimiento de los trabajadores y estima que la nueva ley estatal de jubilación anticipada obligará a buscar de forma urgente 500 efectivos más para evitar el colapso del operativo contraincendios en el próximo lustro.
120 profesionales excluidos de las guardias
A la escasez de personal se suma un cisma interno sin precedentes que ha llevado las protestas directamente a las calles de Valladolid. La Asociación de Celadores de Medioambiente de la Comunidad se ha plantado ante la Consejería para denunciar la supresión de 120 trabajadores del régimen de guardias del operativo Infocal. El colectivo considera inadmisible que se prescinda de su veteranía en la extinción forestal, especialmente tras haber estado en primera línea en catástrofes históricas como los incendios de la Sierra de la Culebra o de la comarca de Gredos.
El laberinto de la gestión pública
La respuesta de la administración autonómica se ampara en la burocracia. El consejero Juan Carlos Quiñones ha desmarcado a la Junta del origen del conflicto, asegurando que la exclusión de estos trabajadores responde estrictamente al cumplimiento de una sentencia judicial firme promovida en su día por el sindicato APANCIL, la cual dictamina que estos empleados no ostentan la condición de funcionarios requerida para ejercer la dirección de la extinción. Mientras los tribunales marcan el paso administrativo, los sindicatos alertan de un contexto muy difícil en el monte, con turnos extremos de hasta 20 horas consecutivas que ponen en riesgo la seguridad laboral de las brigadas en activo.