El acceso a las bebidas energéticas está a punto de cambiar radicalmente en los establecimientos comerciales. Según ha conocido esRadio Castilla y León, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado que se exigirá el Documento Nacional de Identidad DNI para la adquisición de estos productos, estableciendo una barrera de edad que hasta ahora no existía de forma generalizada fuera del entorno escolar. Esta normativa prohibirá la venta a menores de 16 años y elevará la restricción a los 18 años en aquellos productos que superen los 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros.
Peligro para la salud juvenil
La justificación de esta medida radica en el perfil nutricional crítico de estos artículos, que aportan lo que los expertos denominan calorías vacías. En declaraciones recogidas por este medio, se advierte que estas bebidas poseen grandes cantidades de azúcar añadida, careciendo de fibra, vitaminas o minerales significativos. Desde el Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Castilla y León consideran que esta prohibición está “bien justificada”, porque estos productos aportan, dicen, calorías vacías.
Riesgos de enfermedades crónicas
El impacto físico de estas ingestas, según la presidenta del Colegio Profesional, no se limita únicamente a la sobreexcitación nerviosa. El riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2 o patologías cardiovasculares aumenta exponencialmente con el consumo de aditivos y estimulantes. Además, los especialistas alertan sobre graves daños en la salud bucodental, incluyendo la erosión del esmalte, sensibilidad dentaria y una alta incidencia de caries provocada por la composición ácida y azucarada de estos refrescos.
Situación en Castilla y León
A pesar de que los datos actuales sitúan a la comunidad en una media de consumo baja en comparación con el resto del país, la tendencia es alarmante. Los expertos de la comunidad observan que la ingesta de estas bebidas va en aumento constante, lo que hace urgente una regulación armonizada en todas las autonomías. La falta de capacidad de los adolescentes para valorar los riesgos reales de estas sustancias hace que la prohibición de venta se presente como la única vía efectiva para garantizar la protección de la población más vulnerable.