Los agricultores de Castilla y León necesitan una ayuda directa de 150 millones de euros otorgada por el Gobierno autonómico para poder financiar la próxima sementera y evitar la quiebra masiva de las explotaciones cerealistas. Las pérdidas en esta campaña alcanzan los 300 millones de euros debido a unos costes de producción superiores a los 800 euros por hectárea frente a una cosecha un 40 % inferior a la del ejercicio anterior. Sin este rescate económico, miles de familias no podrán afrontar el gasto indispensable para volver a sembrar los campos de la Comunidad autónoma.
Impacto real y exigencias al Ejecutivo autonómico
Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León, ha advertido de que una finca media de 200 hectáreas ha registrado pérdidas directas de 40.000 euros durante este año. Esta ruina afecta de forma inmediata a más de 2.000 productores cerealistas repartidos por las nueve provincias, quienes no disponen de crédito ni liquidez para abordar la compra de abonos y semillas. Por su parte, Jesús Manuel González Palacín, coordinador de UCCL, urgió al presidente de la Junta a igualar los fondos estatales para garantizar la supervivencia del tejido rural. Como alternativa de urgencia, el sector demanda la revisión inmediata del sistema de seguros agrarios para garantizar coberturas mínimas de 4.000 kilos por hectárea y el control estricto de las importaciones sin cláusulas de salvaguarda.
Claves económicas y demandas del sector agrario
Lorenzo Rivera, coordinador de COAG Castilla y León, junto a Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León, detallaron la hoja de ruta indispensable para evitar la desertificación productiva de la región:
- Pérdidas acumuladas: Una factura negativa global de 300 millones de euros en la producción de cereal de secano.
- Costes disparados: Gastos de cultivo que superan los 800 euros por hectárea frente a ventas de 200 euros por tonelada.
- Inyección directa: Petición formal de 150 millones de euros a la administración regional para compensar el desbalance.
- Superficie perdida: Reducción de 300.000 hectáreas sembradas desde el año 2020 en todo el territorio autonómico.
- Cumplimiento normativo: Aplicación estricta de la Ley de la Cadena Alimentaria para frenar la venta a pérdidas.