Dentro de las 324 medidas, 19 ejes y 62 folios que conforman el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León, dos palabras han acaparado gran parte del debate político: prioridad nacional. Un concepto que ha generado críticas, dudas e incluso acusaciones de discriminación, y que este jueves varios dirigentes políticos han tratado de aclarar.
No cuestión de nacionalidad, sino de territorio
El portavoz de la Junta y negociador del PP, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que la medida se aplicará "siempre conforme a la ley" y que cada convocatoria incorporará informes jurídicos para garantizar su legalidad. Según explicó, el objetivo no es excluir a nadie, sino favorecer el arraigo "real, verificable y duradero" de quienes residen en Castilla y León. Como ejemplo, citó ayudas para jóvenes con varios años de residencia acreditada en la Comunidad.
En la misma línea se expresó Alfonso Fernández Mañueco en una entrevista en Herrera en COPE. El presidente en funciones defendió que "no estamos hablando de las personas, sino del territorio" y precisó que la prioridad nacional tendrá en cuenta factores como los años de residencia, la vinculación con Castilla y León o determinados antecedentes para acceder a ayudas sociales o de vivienda. "Se aplicará independientemente de la nacionalidad o el origen", afirmó.
De "sentido común"
Por su parte, el portavoz de Vox y presidente de las Cortes, Carlos Pollán, sostuvo en Espejo Público que el PP ha asumido este planteamiento porque responde al "sentido común". Además, reconoció que una aplicación basada exclusivamente en la nacionalidad requeriría modificar la Ley de Extranjería, por lo que defendió que el acuerdo se ajusta al actual marco jurídico.
¿Qué dice la legislación española?
El debate surge porque el artículo 14 de la Constitución establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna" por razones de nacimiento, raza o cualquier otra condición personal o social. Por ello, una prioridad basada únicamente en el origen o la nacionalidad podría plantear dudas de constitucionalidad.
Críticas
PSOE y sindicatos han rechazado el concepto al considerar que puede abrir la puerta a desigualdades en el acceso a derechos y ayudas públicas. Frente a ello, PP y Vox sostienen que la medida busca premiar el arraigo y la vinculación con Castilla y León, no la procedencia de las personas.