El corredor ferroviario de Alta Velocidad que une Valladolid con Madrid se enfrenta a una crisis logística sin precedentes. Según los últimos cálculos de la operadora, la aplicación del dictamen de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) provocará una reducción drástica de la oferta. Esta resolución obliga a Renfe a abrir sus centros de mantenimiento a operadores privados como Iryo u Ouigo, lo que generará un cuello de botella en la disponibilidad de la flota actual.
Respuesta de usuarios
Desde la Asociación de Usuarios AVE Valladolid, su portavoz Miguel Ángel García ha calificado la situación de "liberalización absurda" que pone en riesgo el modelo de éxito demográfico de la ciudad. Los representantes de los viajeros ya estudian la legitimación jurídica para intervenir en el proceso y solicitan la implicación de la Junta de Castilla y León para defender una línea que es vital para combatir la despoblación y mantener el crecimiento económico de la provincia.
Saturación en talleres
La compañía asegura que sus instalaciones, especialmente las de La Sagra, ya se encuentran al límite de su capacidad operativa. Al tener que priorizar el mantenimiento pesado de trenes de otras empresas en plazos que consideran inviables, la puesta en servicio de las unidades propias se verá comprometida. Este escenario afectará directamente a los modelos S121, vehículos fundamentales para cubrir los trayectos de Servicio Público que utilizan miles de castellanoleoneses cada jornada.
Impacto en plazas
Las cifras del recorte son alarmantes para la movilidad regional. Se estima una pérdida anual de 2.362.878 plazas y la supresión de aproximadamente 8.379 circulaciones. En la práctica diaria, esto supone la eliminación de hasta seis servicios Avant por sentido o la imposibilidad de operar trenes en doble composición, reduciendo a la mitad la capacidad en las franjas horarias de mayor demanda para los trabajadores presenciales.