El consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, ha defendido la necesidad de controlar la población del lobo en Castilla y León y ha avanzado que la Junta trabaja para iniciar esos controles antes del 1 de enero de 2027. El objetivo es evitar que se repita el bloqueo administrativo de los expedientes de indemnización a los ganaderos, una situación que, según ha señalado, se prolonga desde hace año y medio.
Pino ha insistido en que controlar el lobo supone "estar al lado de los ganaderos" y de las personas que sufren sus consecuencias, pero ha rechazado que esta medida implique poner en riesgo la supervivencia de la especie.
Entre las prioridades de su departamento figura agilizar el procedimiento de tramitación y pago de las indemnizaciones por ataques, de manera que se calculen a precios de mercado, incluyan el lucro cesante en todos los casos y permitan que los ganaderos afectados reciban el dinero en menos de 30 días.
El consejero ha vinculado estas medidas con los nuevos presupuestos de Agricultura, que ha calificado de "ambiciosos" y con los que la Junta pretende reforzar distintas líneas de apoyo al sector primario. Entre ellas, ha destacado el refuerzo del seguro agrario, especialmente para incentivar la contratación de pólizas para cereales, para lo que la Administración autonómica aportará más recursos y ha pedido también un esfuerzo adicional a Agroseguro.
Las cuentas contemplan, además, un mayor apoyo a las asociaciones ganaderas y a los titulares de animales inscritos en libros genealógicos, tanto de razas autóctonas como integradas. También se refuerzan las inversiones en regadíos y la promoción de la calidad alimentaria, con la intención de dar al ITACyL una orientación más moderna y comercial para respaldar a las empresas del sector.
Pino ha subrayado que el reto ahora es ejecutar las partidas previstas y garantizar que los fondos lleguen a agricultores, ganaderos, cooperativas e industria agroalimentaria.