La Junta de Castilla y León recurrirá en los próximos días el Real Decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes habilitado por el Gobierno de España al considerarlo “contrario” a la normativa europea sobre el control de fronteras y la libre circulación, lo que podría conllevar un “impacto grave” para el resto de estados miembros.
El Ejecutivo adoptó esta decisión, “sin consideración externa”, durante la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, una vez examinada la normativa, aunque todavía no se ha determinado el cauce judicial más oportuno para ello.
Así lo ha confirmado el portavoz y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, tras la intención de la Junta de emprender acciones legales, al igual que otras comunidades autónomas que prevén acudir al Tribunal Supremo e incluso solicitar la suspensión cautelar del proceso de regularización, que ya ha comenzado formalmente y que se extenderá hasta el 30 de junio.
Carriedo ha defendido que el recurso se presentará “en defensa de los intereses” de la comunidad y del conjunto de los ciudadanos. A la espera del informe de los servicios jurídicos de la Junta, el portavoz ha apuntado a la normativa europea, ya que considera la regularización afecta a la unidad de frontera y la libre circulación de ciudadanos en la Unión, lo que conculcaría, según el consejero, el derecho comunitario.
Aunque Fernández Carriedo ha asegurado que no conocen el número de personas que podrían acogerse a esta vía extraordinaria en Castilla y León, ha apuntado que el volumen de beneficiarios estimado por el Gobierno, en torno al medio millón, podría tener un “impacto muy importante” sobre el conjunto de los estados miembros, dada la posibilidad de moverse de un estado miembro de la Unión Europea a otro.
El Gobierno de Castilla y León cuestiona también el mecanismo establecido por el Gobierno para acreditar la permanencia en España antes del 1 de enero de este año. Según Carriedo, no se garantiza de forma "correcta" el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto. Además, ha censurado se pueda acceder a la regularización con un billete de metro o ticket de un transporte público.