La Fiscalía Superior de la comunidad ha dictado el archivo irreversible de las diligencias contra el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Tras meses de análisis técnico, el Ministerio Público concluye que no existen pruebas de responsabilidad penal en la gestión de los fuegos que afectaron al patrimonio de Castilla y León el pasado periodo estival. Y es que la responsabilidad penal en España es individual. No se puede imputar a un alto cargo por el mero hecho de su posición jerárquica sin una conducta dolosa probada.
Aval al operativo Infocal
El decreto subraya que el Plan Infocal se ejecutó conforme a los protocolos de seguridad establecidos por la Administración Autonómica. Los técnicos confirmaron que los niveles de gravedad se clasificaron con rigor y que se movilizaron medios del Miteco y la UME de forma anticipada para proteger núcleos poblacionales críticos. La investigación, iniciada tras una denuncia por los hechos en Las Médulas, descarta delitos de prevaricación u omisión del deber. La Fiscalía insiste en que la mayoría de los focos fueron causados por fenómenos naturales, como rayos, lo que rompe el nexo de causalidad penal exigido por la jurisprudencia actual.
La reacción de Suárez-Quiñones
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha mostrado su satisfacción según recoge la Agencia ICAL ante una resolución que confirma que la Junta actuó con todos los recursos disponibles. Según el titular de Medio Ambiente, los incendios de 2025 fueron fenómenos imprevisibles que requirieron una redistribución de efectivos sin precedentes en Castilla y León.
El debate político frente al judicial
El Ministerio Público aclara que las críticas sobre la gestión son "discrepancias legítimas" en el ámbito de la política autonómico, pero carecen de base para un reproche en los tribunales. Este fallo supone un alivio estratégico para el Gobierno Autonómico en funciones.