El desahucio de Mari Carmen, la mujer de 87 años desalojada este miércoles de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas en Madrid, ha vuelto a situar la política de vivienda en el centro del debate. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha cuestionado la política estatal en esta materia y ha rechazado medidas como los topes a los precios del alquiler.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha señalado que el caso responde a una sentencia judicial dictada en aplicación de una ley de ámbito nacional cuya modificación corresponde al Congreso de los Diputados. El portavoz autonómico ha considerado que el caso evidencia, a su juicio, el "fracaso del Gobierno" en materia de vivienda.
Carriedo ha defendido que la responsabilidad de las comunidades autónomas pasa por facilitar el acceso a la vivienda y ha destacado las medidas de la Junta en materia de alquiler, así como las rebajas fiscales planteadas para el próximo ejercicio. Entre ellas, ha citado reducciones en el IRPF y en los impuestos vinculados a la transmisión de viviendas, además de la creación de una cuenta ahorro vivienda.
El portavoz de la Junta también ha rechazado trasladar a Castilla y León mecanismos como los topes de precios vinculados a las zonas tensionadas, defendiendo como alternativa una política orientada a incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso a los colectivos con mayores dificultades. Ha citado los avales de la Junta para la adquisición de vivienda y la futura cuenta ahorro vivienda como medidas dirigidas a facilitar la compra, además de las ayudas al alquiler.