La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado este lunes que, al igual que se recurrió el Real Decreto Ley para el reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas, también lo harán con el reglamento que lo desarrolla.
Blanco ha criticado que el Gobierno no tiene una política migratoria. “Es necesaria una política migratoria de Estado real, con control de fronteras y medidas en origen”, ha señalado.
Según la consejera, “Castilla y León es una tierra solidaria y de acogida”, pero ha lamentado la desigualdad entre territorios ya que, según los últimos datos comunicados, a País Vasco no van a ir menores, mientras que a Cataluña le corresponden 31 y a Castilla y León 197.
La consejera ha recalcado la falta de información vinculada a la llegada de menores no acompañados, y ha enfatizado que se trata de “menores y personas”, por lo que tiene que haber unos procedimientos y un traspaso de la tutela "como ha ocurrido en otras ocasiones", ha manifestado.
Por tanto, Blanco ha instado a que el Gobierno se haga cargo de los 1.200 menores que están en Canarias, que son solicitantes de asilo ya que el Tribunal Supremo dictaminó que eran responsabilidad del ejecutivo.