El presidente de la Confederación de Servicios Esenciales alianzAS, Javier Sigüenza, ha advertido de que la escalada del conflicto en Oriente Medio y sus efectos sobre los costes de energía, transporte o materias primas pueden terminar afectando al funcionamiento cotidiano de numerosos servicios públicos en España.
En una entrevista en el programa Es Europa, Sigüenza ha explicado que este tipo de crisis internacionales ya han demostrado su impacto en el pasado. “Tenemos ejemplos recientes de situaciones excepcionales o conflictos internacionales como las guerras o el bloqueo que sucedió en el canal de Suez”, ha recordado, señalando que estas situaciones provocan escasez o encarecimiento de productos necesarios para prestar servicios esenciales.
Según el presidente de alianzAS, muchos servicios públicos dependen de bienes y suministros procedentes del exterior, lo que los hace especialmente vulnerables ante perturbaciones globales. “Las empresas que prestan servicios esenciales sufren con el encarecimiento de dichos productos”, ha señalado.
Servicios básicos bajo presión
Sigüenza ha explicado que el aumento de costes afecta a numerosos ámbitos de la gestión pública, desde la atención a personas dependientes hasta las residencias de mayores o el mantenimiento de instalaciones públicas. En el caso de los servicios de dependencia, ha recordado que el desplazamiento constante de profesionales implica un fuerte consumo de combustible, especialmente en zonas rurales.
A ello se suman los costes energéticos de instalaciones como las residencias. “Nuestros mayores necesitan sistemas de climatización adecuados, y esos costes de energía se han incrementado de una forma terrible”, ha explicado. Desde alianzAS consideran que el problema se agrava por la rigidez de la legislación actual en materia de contratación pública, que dificulta adaptar los contratos a situaciones económicas imprevistas.
Según Sigüenza, cuando los costes se disparan de forma repentina, las empresas deben asumirlos sin posibilidad de modificar los contratos firmados con la administración. En los casos más extremos, añadía, esto puede provocar la retirada de empresas o la desaparición de contratos.
Ante este escenario, la confederación reclama una medida concreta: permitir la revisión de precios en contratos públicos cuando se produzcan crisis internacionales o situaciones extraordinarias. El presidente de alianzAS ha recordado que otros países europeos ya han adoptado medidas similares. Además, subrayado que esta petición cuenta con el respaldo tanto de organizaciones empresariales como sindicales.
Para Sigüenza, la actual legislación de contratación pública no está preparada para un contexto económico global marcado por crisis y cambios rápidos. “La legislación contractual pública española es bastante obsoleta”, aseguraba, señalando que el sistema necesita mayor flexibilidad para adaptarse a circunstancias imprevistas. En un contexto internacional cada vez más volátil, concluía, la normativa debería incorporar herramientas que permitan ajustar los contratos cuando factores externos alteren las condiciones económicas de forma significativa.