El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha reclamado al Ministerio de Agricultura que el cuaderno digital de explotación sea voluntario y no obligatorio para los agricultores y ganaderos. Pino ha defendido que existe margen para flexibilizar la normativa y ha asegurado que Castilla y León trasladará esta posición al Gobierno central.
Durante una jornada sobre fertilización e innovación celebrada en las instalaciones del Itacyl en Valladolid, el consejero ha insistido en que la innovación debe servir para reducir costes y simplificar los trámites para el sector. En este sentido, ha señalado que la Consejería se opone a la obligatoriedad del cuaderno digital y ha defendido que cada agricultor pueda decidir si utiliza esta herramienta.
Pino ha asegurado que la Junta ya dispone de herramientas digitales desarrolladas para facilitar esta gestión y ha apostado por que la innovación y la investigación que se desarrollan en el Itacyl se trasladen "al campo, al agricultor, a pie de tractor y a las explotaciones ganaderas".
El consejero también se ha referido a la próxima sementera, que ha definido como "la más cara de la historia", y ha reclamado al Ministerio que flexibilice al máximo los requisitos de la PAC y los ecorregímenes, además de actuar sobre los costes de producción. En este punto, ha situado el precio del gasóleo, los fertilizantes y los productos fitosanitarios entre las principales preocupaciones del sector.
Pino ha reclamado asimismo al ministro de Agricultura, Luis Planas, "más lealtad" y ha pedido al Gobierno central soluciones ante el incremento de los costes del campo. Sus declaraciones se producen después de que las organizaciones profesionales agrarias hayan anunciado movilizaciones y en vísperas de las reuniones previstas para abordar, entre otras cuestiones, las ayudas vinculadas al gasóleo agrícola.
Cerca de 600 millones de euros de liquidez
En cuanto a la situación económica del sector, el consejero ha anunciado que este miércoles, 23 de septiembre, la Junta dará orden de pago de cerca de 600 millones de euros a unos 50.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León.
Además, ha confirmado la puesta en marcha de la reserva de crisis, dotada inicialmente con diez millones de euros procedentes de fondos europeos, que la Junta pretende complementar hasta el máximo permitido con recursos propios. El objetivo es reforzar el apoyo a dos sectores especialmente afectados por la situación actual: el cereal y la apicultura.
Pino ha explicado que la Consejería estudia junto al conjunto de la Junta la posibilidad de movilizar más recursos mediante ayudas extraordinarias. En el caso del cereal, ha alertado de la reducción de la superficie sembrada en Castilla y León, que ha pasado de alrededor de dos millones de hectáreas a poco más de un millón y medio, y ha defendido la necesidad de mantener la capacidad productiva de una Comunidad que, según ha señalado, es deficitaria en grano.
El titular de Agricultura ha vinculado estas medidas a la situación de dificultad que atraviesa el campo y ha asegurado que la Consejería está trabajando para poner a disposición del sector todos los fondos disponibles.