El último año ha marcado un punto de inflexión en los aeropuertos españoles. El incremento del tráfico aéreo y la creciente complejidad operativa han dejado una cifra récord de pasajeros afectados por retrasos y cancelaciones. Según datos difundidos por la plataforma especializada AirHelp, alrededor de 34 millones de viajeros sufrieron algún tipo de incidencia, y un 24% de los vuelos registraron problemas de puntualidad.
Detrás de estos porcentajes hay un impacto directo en los derechos de los consumidores. Se estima que aproximadamente 1.250.000 pasajeros tenían —o todavía tienen— derecho a reclamar una compensación económica por las interrupciones sufridas en sus desplazamientos.
Las incidencias más habituales fueron los retrasos superiores a tres horas en la llegada al destino final, las cancelaciones comunicadas con menos de 14 días de antelación y las denegaciones de embarque por overbooking. En este último caso, la compensación procede siempre que el pasajero no haya incumplido ninguna norma y se le haya impedido volar contra su voluntad.
La normativa europea establece indemnizaciones que pueden alcanzar los 600 euros, en función de la distancia del trayecto: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para trayectos intermedios y hasta 600 euros en vuelos de larga distancia. Incluso cuando concurren circunstancias extraordinarias —como condiciones meteorológicas extremas, emergencias médicas, huelgas de controladores aéreos o problemas de seguridad— y no procede compensación económica, la aerolínea mantiene la obligación de trasladar al pasajero a su destino final y proporcionarle asistencia.
Desde AirHelp señalan que el crecimiento del volumen de viajeros es uno de los factores determinantes. Un retraso en el primer vuelo del día puede generar un efecto dominó que afecta a las siguientes rotaciones de la misma aeronave. A ello se suman limitaciones de personal, saturación aeroportuaria y restricciones en las horas máximas de trabajo de las tripulaciones, lo que en ocasiones obliga a buscar reemplazos y provoca nuevas demoras.
Pese al elevado número de incidencias, la puntualidad en los aeropuertos españoles alcanzó el 76% el año pasado, una mejora de 1,3 puntos respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, otros países europeos como Noruega, Suecia o Estonia registraron mejores índices de rendimiento.
Uno de los problemas añadidos es la falta de información. Según el último estudio de la compañía, el 79% de los pasajeros europeos desconoce sus derechos en caso de retraso o cancelación. En España, además, el plazo para reclamar se extiende hasta cinco años después del vuelo afectado, un margen que muchos viajeros ignoran.
En paralelo, la regulación europea que ampara estas compensaciones se encuentra en fase de revisión en las instituciones comunitarias. Desde el sector advierten de que cualquier recorte podría reducir significativamente el número de reclamaciones admitidas y alterar el equilibrio actual entre protección al consumidor y exigencia operativa a las aerolíneas.
Mientras tanto, los expertos recomiendan conservar la tarjeta de embarque, solicitar explicaciones por escrito a la compañía aérea y comprobar si se cumplen los requisitos para iniciar una reclamación. En un contexto de tráfico creciente y operaciones cada vez más ajustadas, conocer los derechos puede marcar la diferencia entre asumir el perjuicio o recuperar parte del coste del contratiempo.