Las organizaciones empresariales y las diputaciones provinciales de Soria, Cuenca y Teruel han reafirmado en Soria su compromiso de colaboración para defender los intereses de los territorios escasamente poblados ante las instituciones españolas y europeas, en el marco de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA). El encuentro ha permitido hacer balance del trabajo desarrollado durante 2026 y definir una estrategia conjunta para afrontar un 2027 decisivo en el que sea adoptarán decisiones que condicionarán el futuro y las posibilidades de desarrollo de Soria, Cuenca y Teruel.
Pese a la mejoría registrada en algunos indicadores durante los últimos años, siguen sin avanzar al ritmo del conjunto de España, lo que evidencia la necesidad de políticas diferenciadas para corregir los desequilibrios territoriales. Las seis entidades han puesto en valor que la Red SSPA cuente actualmente con una persona trabajando de forma permanente en Bruselas. Su coordinador, Mario Vega, desarrolla su actividad profesional en la capital europea, lo que permite mantener una interlocución directa y continuada con las instituciones comunitarias, seguir de cerca los procesos de decisión y participar activamente en la elaboración de las políticas y normas que afectan a estos territorios.
Uno de los principales ámbitos de actuación durante este año ha sido la revisión del marco europeo de ayudas de Estado, especialmente de las Directrices sobre las Ayudas Estatales de Finalidad Regional y del Reglamento General de Exención por Categorías. Las organizaciones empresariales y las diputaciones han trabajado conjuntamente en la elaboración y presentación de alegaciones a ambas propuestas normativas, además de mantener diferentes reuniones con responsables de la Comisión Europea para abordar el asunto. El objetivo es garantizar que la nueva regulación mantenga el reconocimiento específico de las zonas escasamente pobladas y preserve las posibilidades de aplicar medidas de apoyo a sus empresas.
Asimismo, la Red SSPA insiste en la necesidad de que España aproveche plenamente las posibilidades que ofrece la normativa europea para ampliar las ayudas de funcionamiento. Estas bonificaciones, cuya aplicación comenzó en 2023, supusieron un avance histórico para las tres provincias, aunque las seis entidades consideran que su alcance actual sigue siendo insuficiente para convertirse en un instrumento verdaderamente eficaz de desarrollo empresarial.
Otro de los grandes asuntos abordados ha sido el futuro de la política de cohesión territorial de la Unión Europea y las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Entre las actuaciones desarrolladas destaca el trabajo sobre los futuros reglamentos de fondos, con el propósito de que los nuevos instrumentos de financiación tengan en cuenta las particularidades de las zonas escasamente pobladas del sur de Europa y estas queden expresamente recogidas en la normativa.
2027, un año decisivo para consolidar los avances
De cara al próximo ejercicio, las seis entidades han acordado mantener una estrategia coordinada de interlocución y seguimiento de los principales procesos normativos abiertos en España y en la Unión Europea. Entre las prioridades figura la evolución de las nuevas reglas sobre ayudas de Estado, la defensa de un tratamiento diferenciado para las provincias escasamente pobladas y el seguimiento de las negociaciones presupuestarias europeas y de los reglamentos que regularán los fondos del periodo 2028-2034.
Las organizaciones empresariales y las diputaciones han coincidido en que la colaboración mantenida durante los últimos años constituye una herramienta fundamental para reforzar la capacidad de interlocución de las tres provincias, sumar recursos técnicos e institucionales y dar mayor visibilidad a sus reivindicaciones.
Declaraciones
El presidente de FOES, Santiago Aparicio, ha incidido en el momento decisivo en el que nos encontramos y ha abogado por seguir trabajando conjuntamente para abordar los retos de las tres provincias. «Nos jugamos buena parte del futuro económico de Soria, Teruel y Cuenca en Bruselas. Las decisiones sobre las ayudas de Estado y el próximo marco financiero europeo condicionarán nuestra capacidad para atraer inversiones, apoyar a nuestras empresas y generar empleo», ha apuntado. Por ello, ha recalcado, «no podemos llegar tarde a unas decisiones que marcarán nuestro futuro». Aparicio ha insistido en que desde la Red SSPA «no pedimos privilegios, sino igualdad real de oportunidades. Porque tratar igual a territorios que parten de situaciones desiguales no corrige las diferencias, las perpetúa». «Y para defender nuestros intereses, la colaboración entre organizaciones empresariales y diputaciones es fundamental. Nos permite sumar fuerzas, tener más voz en Europa y transformar nuestras reivindicaciones en oportunidades reales para nuestros territorios», ha sentenciado.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha puesto en valor la colaboración entre las instituciones provinciales y las organizaciones empresariales como uno de los principales activos de la Red SSPA. «La unión de las diputaciones y las organizaciones empresariales nos permite defender los intereses de nuestros territorios con una sola voz, sumando la experiencia de quienes conocen las necesidades de las empresas y la responsabilidad de las instituciones que representan a nuestros municipios. Esa colaboración nos da más capacidad de influencia ante las administraciones españolas y europeas y contribuye a que la realidad de las provincias despobladas esté presente en los grandes debates políticos», ha señalado. Serrano ha considerado que «se necesita un Gobierno nacional que implemente las ayudas al funcionamiento logradas por la Red SSPA ante Europa» ya que actualmente «de poco están sirviendo debido a la falta de voluntad a la hora de aplicarlas al 100%, que es lo que necesitan los territorios de Soria, Cuenca y Teruel». «Ahora hay que centrar el trabajo en conseguir que el próximo Gobierno las aplique y que Europa las prorrogue, ya que estas directrices solo están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2027», ha sentenciado.