El Gobierno autonómico ha movilizado sus recursos para blindar a las entidades privadas que gestionan la extinción de fuegos en la comunidad. El portavoz en funciones de la administración autonómica, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado de forma oficial la puesta en marcha de un mecanismo de colaboración diseñado específicamente para amortiguar el impacto económico y operativo de las exigencias estatales. Esta medida busca garantizar que las cuadrillas sigan operando en el monte con todas las garantías jurídicas y técnicas.
La complejidad de la normativa de seguridad
La legislación central impone unos estándares críticos que las pequeñas y medianas empresas del sector apenas pueden absorber de forma autónoma. Desde el Consejo de Gobierno, el portavoz Carlos Fernández Carriedo ha dejado claro que, al tratarse de una norma de ámbito nacional, el Ejecutivo autonómico no tiene competencias para modificar el texto ni margen para abrir una mesa de negociación. La ley es de obligado cumplimiento y las sanciones por infracciones en la prevención de siniestros pueden acarrear el cierre patronal.
La estrategia de la Junta ante las exigencias estatales
El enfoque del equipo de Carlos Fernández Carriedo se centra en el pragmatismo y el contacto directo con las patronales del sector. La meta final es buscar puntos de encuentro que permitan que esta severa regulación se implante en el territorio con la máxima seguridad y facilidad posible, evitando la parálisis de los trabajos de limpieza de montes. La vía elegida es la de la asistencia técnica y la financiación de los equipos de protección necesarios para las plantillas.